Ley Omnibus y videovigilancia

El día 27 de diciembre de 2009, entró en vigor la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, más conocida como Ley ómnibus, que vino a liberalizar la prestación de determinados servicios además de modificar de forma sustancial un gran número de normas jurídicas de nuestro país.

En el caso que nos afecta ahora, uno de los mayores cambios se refiere al que afecta a las actividades de videovigilancia.

Hasta hora, cuando alguien deseaba instalar un sistema de videovigilancia (vamos a referirnos siempre a ámbitos empresariales), debía acudir a dos normas para asegurase que dicho sistema cumplía con la legislación vigente. Por un lado la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y por otra la Ley 23/1992 de 30 de julio de Seguridad Privada.

Si empezamos a destripar la segunda de estas normas, nos encontramos con que las funciones de seguridad y vigilancia son competencia exclusiva del Estado, no obstante, éste, realiza una “delegación” de dichas competencias a determinadas empresas o profesionales que cumplen con unas determinadas medidas de seguridad o estándares, y que por ello figuran como autorizadas en el Registro del Ministerio de Interior.

Por tanto, cuando se instala un sistema de video vigilancia, dado que es una actividad contemplada en la Ley 32/1992, debería acudir a una empresa debidamente autorizada e inscrita en el registro del Ministerio de Interior. Una vez hecho esto, quedaría cumplir con la normativa vigente en protección de datos.

Para lo anterior, debemos fijarnos no sólo en lo que dice la LOPD, sino también la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre video vigilancia.

La LOPD parte de la premisa recogida en el artículo 6.1, de que no para realizar el tratamiento de datos de carácter personal debo contar con la autorización del titular de los datos, a no ser que se pueda aplicar alguna de las excepciones que la propia norma indica.

En este caso si coloco una cámara de vigilancia, debería contar con el consentimiento del titular, no obstante el legislador, hábil, explica que en el caso de que dicha instalación de cámaras la realice una entidad inscrita en el Registro del Ministerio de Interior, no será necesario dicho consentimiento.

Por lo tanto, y siguiendo la Instrucción 1/2006, una vez que la instalación realizada por una empresa habilitada está legalizada y obtiene su número de registro otorgado por la Policía Nacional, debo aclarar si mi sistema graba o no graba imágenes.

Si no graba imágenes, deberé simplemente advertir mediante la colocación de carteles adecuados a los modelos contenidos en la citada Instrucción 1/2006, que la zona se encuentra videovigilada.

Si graba, además de estos avisos, deberé facilitar toda la información a que se refiere el artículo 5 de la LOPD y adecuar el tratamiento a las medidas de seguridad exigibles en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.

Concluimos pues, que aquellas instalaciones de videovigilancia realizadas por empresas o profesionales (incluso por uno mismo en el ámbito de su trabajo), que no están reconocidos e inscritos en el registro del Ministerio del Interior, no gozan del consentimiento del titular de los datos, a no ser que se le recabe expresamente, y por tanto cada uno de nosotros podría exigir que se parase una grabación si no deseamos que nuestra imagen quede incorporada a un Fichero.

Naturalmente también podríamos presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que podría salir por una buena cantidad dada la cantidad de preceptos que se conculcan.

Esto era cierto hasta la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, pues ésta, faculta a que se puedan realizar instalaciones de videovigilancia, por entidades que no están inscritas en el famoso Registro del Ministerio de Interior, siempre y cuando no están conectados a una central de alarmas.

En mi opinión lo que ha hecho el legislador ha sido legalizar de un plumazo las instalaciones de videovigilancia realizadas por servicios tipo Telefónica y demás operadores de teléfono e Internet y por ende poner en bandeja la conculcación de los derechos fundamentales de las personas, que difícilmente podrán saber si la instalación ha sido realizada por una empresa profesional y homologada o por el propio comerciante u otra entidad de dudosa reputación en el mundo de la videovigilanica.

Mucho trabajo le queda a la AEPD, pues dada la preocupación en materia de protección de datos del empresario medio en España, es muy factible que proliferen instalaciones de videovigilancia ocultas a los trabajadores o clientes y que incluso se abuse de los mismos para grabar en espacios públicos con el ánimo de “proteger”.

6 thoughts on “Ley Omnibus y videovigilancia

  1. Completamente de acuerdo. La agencia de Protección de Datos, o más bien el becario de turno con su aportación del informe “jurídico” y la acelerada “nota informativa” se ha inmiscuído en la Ley de Seguridad Privada de un plumazo. La finalidad de la AGPD es velar por los intereses de la ciudadanía respecto a la LOPD, entre sus competencias no está el legislar ni imponer modificaciones de leyes, aún menos de las que dependen del Ministerio del Interior. Lo único que han conseguido es dar rienda suelta a los importadores y distribuidores de equipos de seguridad para (amparándose en sus notas e informes) dar la sensación de que todo el mundo puede realizar instalaciones de seguridad sin ser necesariamente una Empresa de Seguridad Homologada, cuando esto no va a quedar así tras la publicación del reglamento correspondiente por la DGP o Ministerio del Interior. Se han saltado los derechos de los ciudadanos por las buenas al equipar a todas esa empresas o particulares “prestadores de servicios” con las empresas de seguridad aplicándoles la Ley de Seguridad Privada por las buenas. Esta ley legitimaba las instalaciones de videovigilancia, a efectos de la LOPD, por la estricta regulación que deben cumplir las empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior. Como siempres, acabarán sufriendo las sanciones los usuarios finales que son los responsables ante la ley de las instalaciones de videovigilancia realizadas por piratas o instaladores alegales. En unos 3 o 4 meses se publicará el nuevo reglamento de videovigilancia que restringirá aún más este tipo de instalaciones de seguridad como era previsible. Atención a las sanciones!

  2. Tras la publicación en el BOE de las modificaciones del Reglamento de Seguridad Privada que ha provocado la Ley Ómnibus, esta actividad sigue estando restringida, en la mayoría de supuestos, a las Empresas de Seguridad Homologadas por el Ministerio del Interior (DGP). Algunas CCAA, como Cataluña, han legislado la actividad de forma más exahustiva, aclarando casuísticas y criterios de responsabilidad que se ponían en duda por las interpretaciones enfrentadas de la ley Ómnibus (DOGC del 7 de abril de 2010. Orden IRP/198/2010, de 29 de marzo). Os aconsejo consultar los foros especializados (http://www.ttcs.es/foros.php) y (http://www.samuelparra.com/2010/01/07/proteccion-de-datos-videovigila ncia-y-ley-omnibus/) donde os podéis hacer una idea de hacia dónde se dirige el sector y cómo queda el asunto.
    CONCLUSION: CONTRATAR SIEMPRE EMPRESAS DE SEGURIDAD HOMOLOGADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EVITAR PROBLEMAS.

  3. La Comisión Mixta Central de Seguridad Privada va a publicar en breve 5 Órdenes Ministeriales del MI relativas a la actualización de las Normas europeas EN de seguridad física aplicables en la actualidad, con la inclusión de las nuevas Normas Reguladoras de las características que deben reunir los sistemas de seguridad electrónicos instalados así como las funciones de las empresas de seguridad privada.

    En el tema que nos ocupa : “Protección de datos, Videovigilancia y Ley Ómnibus” hay un artículo que define explícitamente el criterio del Ministerio del Interior/ DGP sobre la instalación de sistemas de videovigilancia. Os lo transcribo literalmente a continuación: ORDEN del Ministerio del Interior de fecha XXXXXX (Está en trámite administrativo) sobre empresas de seguridad privada.CAPITULO II. Funcionamiento de las empresas de seguridad. SECCIÓN 2ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. Artículo 23. Homologación de sistemas de seguridad. ” A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad, el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas u bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de alarmas o centros de control. Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a los dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente orden.”

    El artículo 22 se refiere al “Material de las instalaciones” Normas UNE-EN etc…) y el artículo 24 a las “Características de los sistemas de seguridad”
    Resumiendo, queda muy claro que las cámaras de videovigilancia (estén conectadas o no, directa o indirectamente, al sistema de CRA) forman parte integrada del conjunto de sistemas de seguridad. Por lo tanto un particular o empresa que ya tenga contratado un sistema CRA (Tipo Securitas DIrect, Prosegur Activa, ADT…) y que quiera instalar videovigilancia, debe hacerlo a través de una empresa de seguridad homologada por el MI. Los “prestadores de servicios” sólamente podrán instalar legalmente sistemas de videovigilancia en el caso de que no exístan de forma previa otros sistemas de seguridad/CRA. Para estos casos, si posteriormente deciden instalar CRA, deberá intervenir siempre una empresa homologada.

    Espero que la Agencia de Protección de Datos se dé la misma prisa para confirmar la adaptación a esta normativa, en el momento que se publique en el BOE, que para comentar la interpretación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia. Tal como hemos defendido muchos en este foro, poco a poco se están despejando las dudas en cuanto a la legalidad de las instalaciones de videovigilancia tras la pronunciación de los diversos estamentos y organismos intervinientes. Estaba claro que no se podía “liberalizar alegremente” una actividad de Seguridad Privada con elementos tan sensibles como la protección de datos, privacidad de las imágenes y seguridad de las personas y cosas, a pesar de la “Ley Ómnibus”. Como algún forero dijo anteriormente: “blanco y en botella” Saludos a todos los foreros y en especial a las empresas de Seguridad Homologadas.

  4. Re: LA VIDEOVIGILANCIA SEGUIRÁ SIENDO UNA ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD HOMOLOGADAS 22/02/2011
    “No hay peor ciego que el que no quiere ver” (Anónimo).

    Destaco los textos aclaratorios para los que puedan tener problemas de comprensión escrita como el amigo Miguel.
    Si alguien cree que puede instalar videovigilancia, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o centro de control, sin estar sometido a la normativa de seguridad privada que se asesore bien porque está muy equivocado.

    El artículo 23 especifica qué es competencia de la normativa reguladora de la seguridad privada (se entiende EMPRESAS AUTORIZADAS).

    BOE Boletín Oficial del estado Núm.42 Viernes, 17 de febrero de 2011. Sec.I Págs.18301 y 18302

    Artículo 22. Material de instalaciones.
    1. Los elementos que componen los sistemas de seguridad, de acuerdo con el apartado primero del artículo 40 del Reglamento de Seguridad Privada, deberán estar aprobados conforme a las Normas europeas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y Norma UNE CLC/TS 50398, o aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas, según sean de aplicación a los diferentes tipos de sistemas.
    2. Las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y los titulares de los sistemas de seguridad, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o centros de control, cuidarán y serán responsables de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su funcionamiento daños a las personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses generales.
    3. Todas las instalaciones realizadas por empresas autorizadas deberán incluir, en el certificado de instalación que exige el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, el grado de seguridad del sistema, conforme al apartado correspondiente de las Normas mencionadas en el apartado primero.
    4. El grado de seguridad de un sistema de alarma será el del grado más bajo aplicable a uno de sus componentes.

    Artículo 23. Homologación de sistemas de seguridad.
    A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas y bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de alarmas o centros de control.
    Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente Orden.

  5. El artículo 22 no pone “competencia exclusiva”.
    Punto 2 “Las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y los titulares de los sistemas de seguridad, independientemente de su conexión o no a central de alarmas o centros de control, cuidarán y serán responsables de que los medios materiales o técnicos, aparatos de alarma y dispositivos de seguridad que instalen o utilicen, no ocasionen en su funcionamiento daños a las personas, molestias a terceros o perjuicios a los intereses generales.”. Este punto se refire a las facultades y obligaciones en las instalaciones hechas por las empresas de seguridad homologadas no se refiere para nada a lo prescrito por la ley omnibus.
    En nada contradice la ley omnibus, y una orden ministerial no tiene rango de ley y no puede oponerse a una ley, de hecho las cosas siguen igual, hasta la fecha.

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